¿Puede una 'rata de alcantarilla' terminar en detención domiciliaria? 

El desafío del Estado para castigar a los corruptos de los alimentos de los niños. Análisis

una imagen con carne de burro suministrada por la Fiscalía General de la Nación.

Foto: Fiscalía

En contadas horas, los colombianos se enteraron de dos noticias de origen distante, pero estrechamente conectadas. En Leticia, la ciudad más al sur del país, el presidente Iván Duque llamó “ratas de alcantarilla” a los contratistas corruptos que se roban los alimentos destinados a los niños más humildes. Al otro extremo, en el nororiente, trascendió que en Bucaramanga se le otorgó el beneficio de casa por cárcel a Fernando Trujillo Gómez, investigado por suministrar carne de burro y de caballo a los menores de edad. 

Es difícil para la opinión pública separar los dos anuncios. Si bien el Presidente logra llamar la atención tras apelar a una dura metáfora para exhibir la indignación de la gente, también es cierto que al final queda gravitado en el ambiente la idea de que aquí no pasa nada.

No se trata de una serie de hechos frustrantes para el Jefe del Estado sino para todo el conjunto de la sociedad. Castigar a los responsables de semejantes entramados es una tarea de todos. 

Todas las voces de bien esperaban el máximo castigo para lo ocurrido en el departamento de Santander con el Plan de Alimentación Escolar (PAE). En Bucaramanga y municipios de la zona, los menores que se benefician de este plan estuvieron comiendo durante un año, por lo menos, carne de burro y de caballo. Peor aún, no de animales sanos, sino muchos de ellos, según se informó, enfermos o hallados muertos. 

Según la Fiscalía, Trujillo Gómez, alias el Padrino o el Gemelo, compraba los animales en la costa Atlántica. Y, al parecer, con guías de movilización falsas los trasladaba a Bucaramanga y allí los sacrificaba. “La carne era tratada con químicos para alterar la contextura, intentar hacerla más blanda y darle un color rojizo”, dice el ente acusador. 

Como informó en su momento EL TIEMPO, todo ello, a conciencia de que era para alimentar niños. Semanalmente comercializaban entre 2.000 y 2.500 kilos. 

“Era, pues, un negocio redondo, pero infame. Como mucho de lo ocurrido en numerosas ocasiones con este programa. Alguna vez vimos que los niños recibían el plato de comida, pero solo para la foto, pues no lo podían consumir. No más. Se necesita extremar todos los controles en el país y aplicar justicia", aseguró este periódico. 

"Si los corruptos llegan ya a quitarles la comida de la boca a los niños más vulnerables o les dan equinos descompuestos y no hay castigo ejemplarizante, estamos perdimos como sociedad”, sentenció en su momento el editorial de este diario. 

Pasaron los días y saltó un nuevo e indignante hallazgo. Contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entregaron mercados, en medio de la pandemia, a personas fallecidas y a otros con delirantes y sorprendentes argumentos. 

Así, por ejemplo, se dieron “28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos”. 

De igual forma, se identificó el caso de una mujer que aparece con 172 hijos. El registro se encuentra en Chimichagua (Cesar), donde la mujer recibió la ayuda por todos.

Con tan insólitos datos se explica la indignación del presidente Duque. 

“Es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla, que son esos contratistas que tratan de buscar artilugios para desviar recursos, para quedarse con ellos en los recursos y no entregárselos a los niños de Colombia”, dijo el Primer Mandatario. 

Por eso, fue tajante en su orden al ICBF y al Ministerio de Educación de denunciar penalmente a los contratistas que incurran en manejos fraudulentos de los planes de alimentación escolar. 

Pero, es muy posible que el ciudadano de a pie hoy debe preguntarse: ¿Y para qué? 

Es una de las inquietudes que ronda al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas quien escribió en su cuenta de Twitter: “A pesar de oponernos en compañía de la @PGN_COL, le fue concedida la casa por cárcel a Fernando Trujillo, investigado por haber suministrado carne de caballo a nuestros niños en el PAE. Somos víctimas en este proceso y no descansaremos hasta que caigan todos los responsables". 

De ahí la pregunta: ¿Puede una “rata de alcantarilla” terminar tranquilamente en detención domiciliaria? 

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